Image
ObCP - Noticias
Desarrollo reglamentario TRLCSP y eficacia de la regulación de la solvencia y clasificación dada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
07/09/2015
El Real Decreto 773/2015, que entrará en vigor el próximo 5 de noviembre, modifica determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El Boletín Oficial del Estado, de 5 de septiembre de 2015, ha publicado el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Esta normativa entrará en vigor el 5 de noviembre de 2015.

La aprobación de esta norma reglamentaria implica la plena eficacia de la regulación que, sobre criterios de solvencia y exigencia de clasificación, se introdujo por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Así, a partir del citado 5 de noviembre deberá estarse a la nueva regulación de los artículos 65.1., 75 a 78, y 79 bis, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que supone un avance en simplificación administrativa y de eliminación de obstáculos administrativos a las PYMES.

Con esta nueva regulación, se elimina la obligatoriedad de clasificación en los contratos de servicios, aunque las empresas podrán seguir utilizando facultativamente la clasificación como modo de acreditar su solvencia en aquellos tipos de contratos que son recurrentes y tienen unas características comunes como, por ejemplo, los de limpieza, seguridad o mantenimiento de instalaciones, pero con un esquema más sencillo en el que se reducen sustancialmente los subgrupos de clasificación que pasan de 72 a 29.

También en los contratos de obras, se modifican y simplifican las categorías de clasificación que estaban vigentes desde 1991 para adaptarlas a la realidad económica y estructura actual de la industria.

Asimismo, para reducir los efectos de la crisis en la acreditación de la solvencia, se amplía el período en el que los trabajos ejecutados pueden ser tenidos en cuenta para acreditar la experiencia de las empresas, que pasa de cinco a diez años para contratistas de obras, y de tres a cinco años en los de servicios. Y se permite considerar como propia la experiencia de obras de filiales en el extranjero de empresas españolas que, como consecuencia de la situación económica, se han visto obligadas a intensificar su presencia en el exterior.

Otro elemento de flexibilidad que se introduce en el Reglamento es la exención de la necesidad de acreditar la solvencia técnica y económica y financiera cuando el valor estimado de los contratos de obras no exceda de 80.000 euros y el de los contratos de servicios no exceda de 35.000 euros.
Otra novedad, ya sobre el sistema de clasificación empresarial, es que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, se modifica el Anexo II del Reglamento al objeto de delimitar el ámbito de trabajos incluidos en cada subgrupo en los términos definidos por el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo la correspondencia entre los subgrupos de clasificación y los códigos CPV de las actividades de servicios que corresponden a cada uno de ellos, de manera que la determinación del CPV de un contrato efectuada por el órgano de contratación determinará de modo inequívoco su correspondencia con alguno de los subgrupos de clasificación establecidos, o bien su no correspondencia con ninguno de ellos.