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Directiva de facturación electrónica en la contratación pública
31/01/2014
Fuente

contratodeobras.com

Tras el Acuerdo entre Consejo, Parlamento y Comisión se inicia la tramitación formal de la norma en el Parlamento Europeo

El 24 de enero, la Presidencia griega del Consejo alcanzo un acuerdo con los representantes del Parlamento Europeo y la Comisión sobre una nueva Directiva destinada a la difusión del uso de las nuevas tecnologías en las licitaciones públicas.

La nueva Directiva de facturación electrónica en la contratación pública, cuya propuesta había sido presentada por la Comisión en julio de 2013, prevé el desarrollo de un estándar interoperable común en la facturación electrónica por los organismos europeos de normalización, que deberá ser aprobado dentro de los 36 meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva Directiva.

El Ministro Kostis Hatzidakis, actual presidente del Consejo de Competitividad de la UE, declaró que "hemos logrado una etapa esencial en la digitalización de la contratación pública con la extensión del uso de la factura electrónica. Se espera que el amplio uso de los la facturación electrónica en las licitaciones públicas en toda la UE genere ahorros de los fondos asignados para contratación pública de hasta € 2.300 millones al año".

La nueva Directiva contribuirá a la mejora del funcionamiento del mercado interior europeo mediante la reducción de los obstáculos a la entrada en el mercado, especialmente para las PYME, resolviendo el problema de la compatibilidad de los diferentes sistemas de facturación electrónica por los Estados miembros.

Se estima por el Consejo, que en la actualidad la facturación electrónica en Europa representa aproximadamente entre un 4 y un 15% del total de facturas que se emiten.

Tras este acuerdo, el Parlamento Europeo deberá votar el proyecto de Directiva en sesión plenaria y el Consejo la deberá adoptar formalmente después (pendiente de este último trámite se encuentran actualmente las tres directivas sobre contratación recientemente aprobadas por el Parlamento).

Tras la publicación de la nueva norma, las autoridades centrales de contratación tendrán un máximo de 18 meses para su ejecución, si bien los poderes adjudicadores locales y regionales tendrán la posibilidad de establecer excepciones a este plazo hasta por 30 meses después de la publicación de la norma.

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