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La contratación pública se queda sin supervisora: la presidenta se marcha sin sucesor tras sólo dos años (Fuente: El Mundo)
03/07/2020
La salida sin sucesor de María José Santiago Fernández, nombrada directora de Asesoría Jurídica en la empresa pública Tragsa, supone un nuevo golpe para la oficina de regulación.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, esto es, el organismo de debe supervisar la contratación pública, se encuentra ahora mismo sin presidente. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el cese de su ex responsable, María José Santiago, quien apenas dos años después de su nombramiento ha renunciado al puesto cuando la duración prevista para su mandato es de seis años.

El motivo de la salida de Santiago es que la pasada semana fue nombrada directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal de la Tragsa, empresa pública que está integrada en la SEPI. Y desde Hacienda, Ministerio del que a su vez dependen tanto la oficina de contratación como la propia SEPI, añaden que el movimiento ha sido totalmente voluntario y que se está buscando a la persona adecuada para ocupar el cargo. La tarea no resultará sencilla, ya que la normativa exige que la persona responsable sea un funcionarios con una amplia experiencia en la contratación pública.

Pero, en todo caso, la salida de Santiago, que todavía no se tenga un nuevo presidente y, en definitiva, el hecho de que la oficina de contratación quede descabezada, es una muestra más de la falta de atención y recursos que se ha dedicado al organismo. El organismo fue creado en 2018, todavía durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y como resultado de las exigencias de Bruselas, en donde se considera que España debe mejorar en sus políticas de contratación pública.

Sin embargo, el hecho de se integrase dentro de Hacienda ya la restó relevancia en comparación con, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Y si bien el papel de organismo que hoy dirige Cristina Herrero puede resultar mucho más evidente y palpable, la oficina de regulación y supervisión se debe encargar de un aspecto también muy relevante: "Velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública", tal y como se apunta en la ley que dio lugar a su creación. Y el Gobierno de Pedro Sánchez y su discurso de regeneración tampoco ha propiciado un cambio real de la situación de la oficina.

SIN PRESUPUESTO PROPIO

Otro punto que ha condicionado de manera notable la actividad de la oficina de supervisión es que no cuenta con un presupuesto propio y que la plantilla es también reducida. Con todo ello, su actividad ha sido relativamente alta con documentos como las disposiciones para contratación pública en la pandemia del coronavirus que publicó el pasado 22 de junio.

En Tragsa explican que Santiago se impuso en un duro proceso competitivo en el que participaron cerca de 20 candidatos, todos ellos provenientes del sector público. Fuentes próximas al concurso destacan incluso su sorpresa al contar con un perfil tan alto y señalan que se ajustaba a la candidatura al ser experta precisamente en la Ley de Contratos Públicos con la que trabaja la entidad. La retribución de la alta dirección de Tragsa no es pública con excepción de la del presidente, Jesús Casas, que el año pasado superó los 171.000 euros.

*Noticia extraída de El Mundo

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