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ObCP - Opinión
Brexit y los desafíos para la Contratación Pública al interior de la Unión Europea

El primero de los grandes conflictos que salieron a la luz luego de la aprobación de la iniciativa, y la que hasta este momento ha tenido más repercusión mediática es el impacto social que generará este proceso.

13/02/2017

El día 26 de junio de 2016, puede ser considerado por algunos el primer gran golpe de timón en lo que hemos conocido como Unión Europea; en dicha fecha, Reino Unido a través de un referéndum –de carácter democrático- votó por la iniciativa de retirarse de dicha Unión. Las actitudes de apoyo y repudio a la decisión adoptada por el 51,9% de la población no se hicieron esperar tanto entre los países miembros, como entre quienes desde otras naciones vislumbraban como espectadores esta decisión sin precedentes.

El primero de los grandes conflictos que salieron a la luz luego de la aprobación de la iniciativa, y la que hasta este momento ha tenido más repercusión mediática es el impacto social que generará este proceso al cual se le ha atribuido el carácter de progresivo, a contar del mes de marzo de 2017 y con un término o desconexión total en el año 2018. 

La libertad de desplazamiento existente actualmente entre los países miembros de la Unión, las facilidades académicas, y  el eventual impacto de esta decisión en la fuerza laboral tanto de Reino Unido1 y posible migración de estos trabajadores a sus países de origen, junto a la eventual pérdida de beneficios sociales, han sido las problemáticas más debatidas en torno al Brexit.

Sin perjuicio del retiro de la Unión, Theresa May ha debido enfrentar la incertidumbre en torno a la aprobación del Brexit por parte del Parlamento británico y la eventual activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, retardando la discusión de otros cuestionamientos en torno a esta decisión amparada en el referido artículo,  el cual dispone que: 

  • “1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
  • 2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.
  • 3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. (…)”.

La eventual posibilidad de que el Parlamento británico rechace la petición efectuada por el grupo de ciudadanos que cuestionaron el hecho que el poder ejecutivo tuviese la facultad para iniciar el proceso de desconexión con la Unión Europea da pie para discutir y analizar el futuro de los aspectos económicos y libre circulación de bienes como columna vertebral del Tratado de la Unión Europea y las Directivas de Contratación Pública, y consecuencialmente los actuales mecanismos de contratación al interior de la Unión, a fin de evitar la propagación de este tipo de mecanismos de retiro por parte de los estados miembros.

En este sentido, la Directiva 2014/24/UE, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, han recogido la relevancia de coordinar disposiciones nacionales a fin de flexibilizar, simplificar y facilitar los procedimientos existentes en torno a la contratación pública. El Parlamento de la Unión Europea, a través de su página web, ha recogido la relevancia de este mecanismo de contratación en la economía de los estados miembros, estimando que cerca de un 16% del PIB de la Unión corresponde a éstos2, dejando de lado la situación inicial en la cual las adquisiciones públicas se concentraban esencialmente en el mercado nacional.

El Brexit y su eventual aprobación por parte del Parlamento británico traen consigo una serie de dudas e interrogantes no sólo para Reino Unido, sino también para los estados miembros de la Unión, efectuando alteraciones en el mercado, la competencia entre los actores de éste, y el acceso de proveedores en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Frente a este hecho, sólo queda la posibilidad de generar mecanismos de resguardo para los proveedores de la Unión, de modo tal que la transición y retiro de Reino Unido afecte de la forma más mínima posible las transacciones económicas efectuadas por los estados miembros, y privilegiando consecuencialmente el desarrollo y la libre circulación de mercancías como principios esenciales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incentivando de esta forma, no solo el aspecto económico- transaccional de la contratación pública, sino también el aspecto ético y social que ha desarrollado este mecanismo de contratación  a través de la inclusión y utilización de criterios medioambientales, de igualdad de género y acceso de PYMES que podrían ser eventualmente alteradas frente a esta nueva situación política.

De esta manera, la generación de una política eficaz de contratación pública, y la aplicación de mecanismos de resguardo a los países que siguen formando parte de ésta,  permite no sólo el  fortalecimiento en la Unión Europea, sino también la  integración de las economías de los estados miembros para hacer frente a las economías mundiales y promoviendo el crecimiento sostenido de éstas. Las repercusiones del retiro de Reino Unido son aún imprevistas, pero ciertamente el periodo de transición que se ha estimado para éste, permitirá –con planificación y visión a largo plazo- explorar e implementar medidas que sigan potenciando el crecimiento económico entre los estados miembros, pero por sobre todo, incentivando la incorporación de criterios sociales asociados a este tipo de contrataciones en pos de generar igualdad de condiciones entre los actores del mercado a través de iniciativas de protección a minorías y/o sectores vulnerables que permitan reducir y amortizar los eventuales impactos colaterales del Brexit.

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1De acuerdo al Migratory Observatory en Reino Unido, la fuerza laboral extranjera al año 2015, corresponde al 16.7% de la fuerza laboral del país. Migrant Observatory, diponible en http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-labour-market-an-overview/, [Acceso al 8 de diciembre de 2016].

2Parlamento Europeo, disponible en http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.2.html, [Acceso al 8 de diciembre de 2016].

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