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ObCP - Opinión
El Tribunal Administrativo de recursos contratactuales de la Junta de Andalucía

El pasado 2 de noviembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Posteriormente, mediante Orden de 14 de diciembre de 2011, se acordó el inicio del funcionamiento del citado tribunal el día de la publicación de la orden en el BOJA, que fue el día 21 de diciembre de 2011.

06/02/2012

Con el Decreto 332/2011 la Junta de Andalucía cumple con el mandato (en los términos en que está redactado se configura como una auténtica obligación impuesta a las comunidades autónomas) en el artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido, este artículo había sido incluido por la ley de reforma 34/2010:

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los órganos competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas el Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer.

El principal motivo de la citada reforma no era otro que el de reforzar los mecanismos y ampliar los supuestos en los que los licitadores tienen la posibilidad de impugnar los acuerdos adoptados por los poderes adjudicadores cuando entiendan que estos han podido vulnerar sus derechos o intereses legítimos.

El legislador aprovechó la reforma para crear y regular el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, como órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación que quedó adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. La ley creaba un régimen especial de impugnación de los actos administrativos relacionados con la contratación pública en el ámbito de la Administración General del Estado, separándolo del régimen general de impugnación de la ley 30/1992, atribuyendo la competencia a un órgano administrativo especializado y dejando claro el carácter potestativo de este recurso.

La creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (y de todas las comunidades autónomas) era, además de un mandato imperativo, una necesidad inaplazable, a la vista del vacío existente producido por la reforma de la ley de contratos de agosto de 2010 (Ley 34/2010) en la que se atribuía la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación atribuyéndola a un órgano específico, que se creaba solo en el ámbito del Estado (el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) sin definir que ocurría en el resto de administraciones territoriales. Solo muy recientemente ha quedado resuelto ese vacío. La Disposición transitoria séptima del recientemente aprobado texto refundido establece un régimen supletorio para las Comunidades Autónomas:

En tanto una Comunidad Autónoma no regule ante quién debe incoarse la cuestión de nulidad prevista en los artículos 37 a 39 de esta Ley, o interponerse el recurso contra los actos indicados en el artículo 40.1 y 2, y qué efectos derivarán de su interposición, serán de aplicación las siguientes normas:
b) La competencia para la resolución de los recursos continuará encomendada a los mismos órganos que la tuvieran atribuida con anterioridad

Por tanto, entendemos que en las referidas comunidades autónomas (aquellas que no cuentan con órgano específico) sigue siendo aplicable el régimen establecido en el texto original, siendo competente para resolver el recurso el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, si ésta no tiene el carácter de Administración Pública. En este último caso, cuando la entidad contratante esté vinculada con más de una Administración, es competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.

El ejecutivo andaluz, una vez más no ha sido original en sus planteamientos y, a pesar de contar con competencia exclusiva sobre la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de la comunidad autónoma, ha configurado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía a imagen y semejanza que su homónimo en el ámbito del Estado. Además, hubiera sido recomendable esperar unos días (exactamente 12 días), aunque solo fuera por trasladar a la ciudadanía una cierta imagen de coordinación entre las distintas administraciones públicas, a que fuera aprobado el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que el Decreto andaluz saliese con las referencias a la nueva disposición. No ha sido así por lo que desde el mismo momento de su publicación ya nos encontramos con una norma anticuada.

El nuevo tribunal tiene asignada las siguientes competencias en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales:

a) Resolver los recursos especiales en materia de contratación las cuestiones de nulidad

b) Resolver las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación reguladas en el artículo 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 109 de dicha Ley.

c) Resolver, respecto a los contratos celebrados en el ámbito de la seguridad pública, los recursos especiales en materia de contratación regulados en el artículo 59 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 56 de dicha Ley.

d) Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas provisionales o cautelares que se hayan solicitado por las personas legitimadas con anterioridad a la interposición de los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad.

e) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea o la normativa estatal básica.

Algunas novedades que aporta el Decreto andaluz sobre la ley estatal en cuanto a la composición del tribunal son, en primer lugar, el Decreto atribuye a la persona titular de la presidencia el rango asimilado al de titular de Dirección General, sin que la ley estatal se pronuncie a este respecto. En segundo lugar, la duración del mandato de los miembros del tribunal andaluz es de cinco años mientras que en el Estado es de seis años. En tercer lugar, el decreto crea y regula someramente la secretaría del tribunal, sus funciones y la forma de provisión del puesto, cuestión que no aborda la ley.

El Decreto 332/2011, a diferencia de la ley, regula el procedimiento para la remoción de alguno de los miembros del tribunal y regula expresamente las funciones de cada uno de sus miembros (presidencia, vocalía y secretaría) así como el régimen de personal y medios materiales a disposición del órgano.

Por otra parte, el artículo 11 del Decreto prevé la posibilidad de que al Tribunal Administrativo se le atribuya competencia para conocer del recurso especial y de las cuestiones de nulidad que se planteen contra los actos en materia contractual, que dicten el Parlamento de Andalucía, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Económico y Social de Andalucía, así como las Universidades Públicas andaluzas. Para ello será necesaria la previa celebración del oportuno convenio de las citadas Instituciones con la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, en el que se estipulen las condiciones para sufragar los gastos derivados de esta asunción de competencias.

Las entidades locales de Andalucía y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, podrán atribuir al Tribunal Administrativo, mediante convenio con la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda en el que se estipulen las condiciones para sufragar los gastos derivados de esta asunción de competencias, la competencia para resolver los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad.

Por último, considero oportuno destacar el proyecto descentralizador que tiene el Estado respecto del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales cuya base se encuentra en la Disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido, que prevé la posibilidad de crear Tribunales Administrativo Territoriales de Recursos Contractuales con sede en cada una de las capitales de provincia. La confusión con los tribunales de recursos contractuales que están creando las comunidades autónomas por mandato de la propia ley está servida. Aunque el legislador y los tecnócratas del Estado tengan muy claro la diferencia de competencias de uno y otro, los ciudadanos, que al final son los destinatarios último de las normas, no lo tienen tan claro y sería deseable haber dejado aparcado por el momento ese anacrónico afán descentralizador que solo viene para generar más gastos y más confusión en la cada vez más débil estructura provincial de la Administración General del Estado.

Colaborador