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ObCP - Opinión
Impacto de la Ley 27/2013 en la Contratación de las Entidades Locales

Pudiera pensarse que, por no haber modificado ni uno solo de los preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, no va a tener repercusión alguna sobre la contratación de las entidades locales. Esta impresión, sin embargo, es superficial e inexacta.

10/02/2014

En primer lugar, las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio que en el futuro puedan crearse, siempre que quede acreditado que esta solución es la más eficiente en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria, carecerán de personalidad jurídica y, por ende, de capacidad de obrar. Esta reducción a la condición de meros órganos administrativos desconcentrados, naturalmente, les priva de la condición de poderes adjudicadores1.

En segundo lugar, la ejecución de determinadas obras (pavimentación de vías urbanas y construcción o mejora de accesos a los núcleos de población) y la prestación de servicios esenciales para la comunidad vecinal (limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales) únicamente podrán ser objeto de contratación por los municipios con población inferior a 20.000 habitantes cuando éstos justifiquen que pueden hacerse cargo de tales obras y servicios “con un coste efectivo menor que el derivado de la de la forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial o entidad equivalente”2. Además, la provincia (y no la Diputación, que no es sino un órgano de aquélla) asume en calidad de competencias propias: a) la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes; b) y, en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, la prestación de los servicios de administración electrónica, así como la asistencia en la prestación de servicios de gestión a la recaudación tributaria y de apoyo a la gestión financiera3. Esto implica igualmente, para los municipios afectados, la imposibilidad de licitar contratos que tengan por objeto la prestación de estos servicios.

En tercer lugar, la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes queda circunscrita dentro del círculo de competencias provinciales. Esta previsión podría entenderse en términos de desapoderamiento de la competencia de los municipios para contratar aquellos bienes y servicios que la provincia determine como sujetos al régimen de contratación centralizada4. Aunque, más bien, si nos guiamos por una interpretación teleológica de la ley, parece que su intención es eliminar la posibilidad, hasta ahora existente, de que pueda extenderse a estos municipios el ámbito subjetivo de las centrales de contratación creadas por las comunidades autónomas. Para éstas, de este modo, queda cancelado uno de los espacios más típicos de desarrollo de la legislación estatal básica reguladora de la contratación pública5.

De otra parte, las asociaciones de entidades locales ahora pueden constituir centrales de contratación a las que podrán adherirse las entidades locales a ellas asociadas6.

En cuarto lugar, para la generalidad de los municipios, incluidos por tanto los de población igual o superior a 20.000 habitantes, la obligación legal de justificar la necesidad e idoneidad de los contratos proyectados, trámite esencial cuya omisión o deficiente cumplimentación conlleva la invalidez de cualquier procedimiento de selección de contratistas, no puede desvincularse del nuevo modelo de delimitación competencial diseñado por la Ley 27/20137.

Así, dado el carácter básico de esta ley y su aplicabilidad general a todas las administraciones públicas, los municipios ya no podrán aprobar expedientes para la contratación de prestaciones o servicios englobables en el ámbito material de las llamadas “competencias impropias”, esto es, aquellas competencias que no les hayan sido atribuidas como propias o como delegadas. Esto sólo será posible, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 (el 31 de diciembre de 2013), si la administración de tutela financiera y la administración competente por razón de la materia (estatal o autonómica, según los casos) informan, con carácter previo y vinculante, sobre la inexistencia de duplicidades y de que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal8.

Por lo que se refiere a las competencias propias, el legislador las reduce y las enuncia de forma exhaustiva y aparentemente cerrada9. Ahora bien, en virtud del régimen transitorio establecido por la ley, pero con un vencimiento que habrá de ser en todo caso anterior al 31 de diciembre de 2015, fecha en que está prevista, como máximo, la asunción de la titularidad de las competencias relativas a servicios sociales por las comunidades autónomas, será posible contratar prestaciones vinculadas a las competencias que en este ámbito material se preveían como propias de los municipios10. Así, por ejemplo, el servicio de ayuda social a domicilio.

En atención a la finalidad perseguida por el legislador, una actitud de prudencia jurídica aconseja, por lo demás, no acordar la prórroga de los contratos ya adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 cuyo objeto lo constituyan o bien los servicios ligados a competencias que han dejado de ser propias de los municipios y para las que no se ha previsto régimen de transitoriedad alguno, o bien prestaciones asimilables a las actividades municipales antes denominadas complementarias de las propias de otras Administraciones públicas11. Esto es lo que sucede, señaladamente, en el caso de servicios educativos (gabinetes psicopedagógicos) o en materia de juventud (información y animación juveniles), cuya naturaleza no puede reconducirse, sin forzar la realidad, a la propia de los servicios sociales o de promoción de la cultura.

En fin, como se ha apuntado, los municipios pueden ejercer competencias atribuidas por delegación, algo que cabe prever como habitual a resultas de la aplicación de la Ley 27/201312. En este escenario se plantea la cuestión de si el control del ejercicio de las competencias delegadas, que incluye el recurso de alzada impropio ante el Estado o la comunidad autónoma delegantes, comprende el de los actos dictados en los procedimientos de adjudicación de los contratos licitados por los órganos municipales para la prestación de los servicios objeto de la delegación competencial13. Desde luego, al menos en lo referente a los contratos sujetos a regulación armonizada, el principio de interpretación conforme al derecho europeo conduce a desechar cualquier vía de recurso, distinta a la especial vigente en materia de contratación, que no se ajuste a las garantías exigidas por las directivas comunitarias14.

 

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1. Cfr. Art. 24.bis.3 LRBRL.

2. Cfr. Art. 26.2 LRBRL. Todas las entidades locales habrán de calcular, antes del día 1 de noviembre de cada año, el coste efectivo de cada uno de los servicios y deberán comunicarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. El art. 116.ter. de la LRBRL reenvía a una Orden de este Ministerio la fijación de los criterios de cálculo.

3. Cfr. Art. 36.1 LRBRL.

4. En cambio, si atendemos al apartado 5 de la Disposición adicional segunda del TRLCSP, y respecto de los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, la traslación del ejercicio de las competencias en materia de contratación a los órganos constitudos como centrales de compras en la forma prevista en el art. 204 requiere, en todo caso, de “acuerdos al efecto”, lo que, junto con el uso de la forma verbal “podrá”, indica que la operatividad de esta solución depende de la voluntad de tales municipios, sin que pueda imponerse a éstos.

5. Cfr. Art. 204 TRLCSP.

6. Cfr. Disposición adicional quinta, apartado 4, de la LRBRL.

7. Cfr. Art. 22 TRLCSP. STS de 3 de noviembre de 2011. Ponente: V. Conde Martín de Hijas

8. Cfr. Art. 7.4 LRBRL.

9. Cfr. Art. 25.2 LRBRL. Así lo hizo notar el Consejo de Estado en su dictamen al anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

10. Cfr. Disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013.

11. Téngase en cuenta la supresión del art. 28 LRBRL.

12. El art. 4.4 de la Carta Europea de la Autonomía Local establece, sin embargo, que “las competencias encomendadas a las entidades locales deben ser normalmente plenas y completas”.

13. El art. 27.4 in fine LRBRL dispone: “Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante”.

14. Cfr. Directivas 89/665/CEE y 2007/66/CE.

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