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ObCP - Opinión
La aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria como causa de modificación de los contratos del sector público andaluz

Dicha posibilidad se contempla en el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

17/09/2012

El pasado mes de junio quedaba aprobado el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía (BOJA num. 122 de 22 de junio), que pronto se vería modificado por el Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio, que para nada afecta a la cuestión planteada en el presente artículo.

Esta norma relaciona una serie de medidas que se consideran necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de las obligaciones asumidas por las distintas Administraciones Públicas territoriales del Estado Español, en materia de reducción del déficit público al objeto de asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Se trata de medidas referidas a los ámbitos fiscal, administrativo, laboral y de Hacienda Pública que se disponen al amparo de las competencias que en materia de autoorganización, política económica, hacienda pública autonómica, y régimen de personal tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La disposición adicional cuarta impone una medida que afecta de lleno al ámbito de la contratación pública:

Modificación y resolución de contratos del sector público.
1. A los efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector público, las modificaciones de contratos administrativos que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario de 2012 derivadas de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, se realizan por razones de interés público.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas o el anuncio de las nuevas contrataciones deberán incorporar las previsiones requeridas por la legislación de contratos del sector público, respecto de la eventual modificación o resolución contractual con motivo de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria que correspondan.

La citada norma a pesar del uso de la expresión “contratos administrativos” resulta aplicable a todos los contratos del sector público, tengan carácter administrativo o carácter privado, por lo que debemos entender que la norma resulta perfectamente aplicable a los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tienen el carácter de administración pública. No obstante la distinción entre ambos tipos de contrato que establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en lo sucesivo) y el distinto régimen jurídico de uno y otro, existen determinadas cuestiones en que ambas tipologías comparten regulación, siendo uno de estos asuntos el régimen de modificación de contratos del artículo 105 y siguientes como expresamente recoge el artículo 20.2 in fine.

La primera parte de la disposición adicional cuarta del Decreto-Ley 1/2012, viene a dotar de legitimidad todas las modificaciones contractuales que se realicen en el ejercicio 2012 que deriven de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria proclamando el interés público de las mismas en aplicación de lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del TRLCSP exclusivamente referidos a los contratos administrativos.

En la segunda parte, el Decreto - Ley está anticipando la posibilidad cierta que un futuro próximo el ejecutivo andaluz se vea abocado a adoptar nuevos recortes de gasto que pudieran afectar a contratos en curso. Pero la reducción o eliminación de fondos disponibles para atender un determinado contrato no constituye por sí causa legítima para modificar un contrato o resolverlo, ya que no se encuentra entre las causas legales previstas en el artículo 107.1 del TRLCSP.

Ante esta posibilidad utiliza la vía que abre el artículo 106 (modificaciones previstas en los pliegos) e insta a los órganos de contratación de la administración pública y de las entidades instrumentales a que prevean tal posibilidad en todos sus contratos e incluyan en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas o el anuncio de las nuevas contrataciones, la posibilidad de modificación o resolución del contrato porque pudiera verse afectado por medidas de estabilidad presupuestaria que pudieran suponer una minoración o, en su caso, la no disposición de los fondos inicialmente disponibles para atender los compromisos de pago derivados del contrato.

Pero como indica la disposición adicional cuarta, no basta con la simple mención de la adopción de medidas de estabilidad presupuestaria como causas de modificación del contrato sino que deberán incorporar las previsiones requeridas por la legislación de contratos del sector público, que son las dispuestas en el artículo 106 del TRLCSP que indica que en la documentación preparatoria del contrato se han de detallar de forma clara e inequívoca los siguientes extremos:

- Las condiciones en que podrá hacerse uso de esta causa, siendo necesario que su concurrencia pueda verificarse de forma objetiva.

- El alcance y límites de las modificaciones con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar.

- El procedimiento que haya de seguirse para ello.

- Las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con máximo nivel de detalle.

Se trata de cuestiones que obligatoriamente deben abordar los pliegos si queremos que opere como legítima causa de modificación o resolución y su detallada redacción estará en función de múltiples variables como las características concretas del contrato de que se trate, de las características del órgano de contratación, del objeto, de la forma de financiación prevista, etc.

Debe ser, por tanto, cada órgano de contratación de forma individual el que cree su cláusula tipo de modificación del contrato por causa de adopción de medidas de estabilidad presupuestaria que deberá incorporar a todos sus pliegos.

 

 

 

Colaborador