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ObCP - Opinión
La normalización lingüística a través de la Contratación Pública también es posible: Comentario a la STS de 14 de febrero de 2017

La utilización de la contratación pública estratégica vive en España una etapa dorada.

22/05/2017

Desde la llegada de fuerzas políticas “alternativas” a importantes ayuntamientos tras las elecciones de 2015, se ha incrementado sensiblemente la utilización de la compra pública como palanca de consecución de objetivos o políticas sectoriales complementarios del objetivo general de satisfacer las necesidades administrativas de obtención de bienes o servicios al mejor precio y calidad disponibles en el mercado.

La aprobación de normas municipales sobre contratación responsable, o la introducción de cláusulas estratégicas específicas en variados pliegos de contratación (en materia de igualdad de género, de calidad ambiental, de mejora de la integración laboral o social de determinados colectivos desfavorecidos, de potenciación de las PYMES, etc.), ha dado lugar ya a una variada gama de experiencias concretas de esta tendencia.

Con independencia de los excesos que puedan haberse producido en la implantación de esta comprensión de la compra pública –a veces, da la sensación que, vedado el acceso al capítulo I del BOE, algunos pretendan arrancar todos los pecados de la sociedad capitalista a través de la contratación pública– , lo cierto es que su modus operandi sigue siendo perfectamente válido y, sobre todo, susceptible de incorporar nuevos objetos o políticas sectoriales cuya consecución sea constitucional o legalmente obligada para las Administraciones públicas.

Dentro de estos otros aspectos potenciales de la contratación estratégica que todavía gozan de escasa visibilidad, por no aparecer expresamente mencionados en el TRLCSP ni en el proyecto de Ley actualmente en tramitación en las Cortes Generales, está el caso de la normalización y promoción del uso social de lenguas cooficiales minoritarias a través de las herramientas suministradas por la potestad de contratación pública.

Más allá de las lenguas en que se redacten y publiquen los expedientes de contratación (aspecto este ya resuelto por el art. 36 de la Directiva 2004/18/CE, hoy artículo 51 de la Directiva 2014/24/UE: al menos en una de las lenguas oficiales de las instituciones comunitarias, a elección del poder adjudicador), se plantea la posibilidad de introducir condiciones especiales de ejecución, criterios de solvencia o incluso criterios de adjudicación vinculados al uso de las lenguas cooficiales por parte de la empresa adjudicataria y su personal: desde los contratos de programas informáticos a los grandes contratos de concesión de servicios públicos, la garantía de la correcta utilización de las lenguas cooficiales por los adjudicatarios es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos lingüísticos de opción de los usuarios/as. Garantía que puede venir impuesta a las administraciones en normas con rango legal relativas a la normalización lingüística, o a otros títulos competenciales como el de la organización del sector público autonómico.

El desafío consiste, pues, en armar correctamente en este campo las posibilidades técnicas de la contratación sin que ello suponga una vulneración de sus reglas jurídicas de transparencia, publicidad, no discriminación e igualdad, oferta económicamente más ventajosa, etc.

La reciente STS (seccion 4ª) de 14 de febrero de 2017 (JUR 201743031; ID Cendoj 28079130042017100071), de la que ha sido ponente José Luis Requero Ibáñez, ha supuesto un importante respaldo a la que podríamos denominar contratación pública lingüísticamente responsable: es decir, a una utilización explícita de las indudables potenciales que presenta la contratación pública para contribuir a la tarea de normalización lingüística de las lenguas españolas cooficiales cuya igualdad real respecto del castellano, dicho sea de paso, dista mucho de haberse logrado.

En ella se confirma la validez de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Lasarte-Oria mediante la que se han programado los requisitos de capacitación lingüística a observar por los contratistas, así como las cláusulas a introducir en los pliegos de los contratos de obra y mantenimiento, servicios de asesoría y servicios de atención al público.

Su doctrina nos parece relevante para ilustrar las posibilidades jurídicas existentes en materia de adjudicación y ejecución de contratos para todos aquellos órganos de contratación que tengan la normalización lingüística de sus lenguas propias entre sus obligaciones institucionales (Cataluña, Euskadi, Galicia, Comunidad Valenciana, Illes Balears).

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