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ObCP - Opinión
La nueva codificación francesa de la contratación del sector público: el Code de la Commande publique

Cuenta con 1747 artículos que reagrupan y sistematizan alrededor de 30 textos normativos empleados de manera cotidiana.

01/04/2019

Hoy ha entrado en vigor en Francia la nueva codificación de la actividad contractual del Sector Público 1. Cuenta con 1747 artículos 2 que reagrupan y sistematizan alrededor de 30 textos normativos empleados de manera cotidiana 3. Asimismo, incorpora las principales reglas de la materia creadas por vía jurisprudencial nacional y europea.

Aunque la République había cumplido entre 2015 y 2016 con los plazos para transponer las directivas europeas de 2014 4, el “Code de la Commande publique” pretende saldar un antiguo deseo de codificación que, por distintas razones, no había prosperado 5. Se publica treinta años después del relanzamiento de los trabajos de codificación del conjunto de la normativa francesa, iniciada con la creación de la Commision supérieure de codification 6 y cuyo objetivo principal era la simplificación y clarificación del derecho francés. Este código, cuyo impulso final fue dado en diciembre de 2016, representa un esfuerzo de racionalización de las reglas de contratación 7 en el Sector Público. Y se inscribe en un movimiento más amplio de respuesta al desorden, inflación y degradación de la calidad del derecho interno generado por la vasta producción normativa de la Unión Europea  8.

La Direction des Affaires Juridiques (“DAJ”) de los ministerios de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics lideró 9 durante 24 meses dicho proceso. Vale destacar su elaboración colaborativa: el proyecto de codificación fue consultado públicamente y recibió más de 800 observaciones, tanto de actores públicos como privados 10. Así las cosas, podría considerarse un ejemplo de norma negociada 11. En definitiva, confirma la vigencia y consolidación de las dinámicas de contractualización 12 de la acción pública en Francia.

Está estructurado según la cronología del proceso de contratación del Sector Público: actos preparatorios (“préparation”), proceso de atribución 13 (“passation”) y ejecución (“exécution”). La DAJ, siendo pragmática, lo asemeja a una “caja de herramientas” 14 concebida para el uso diario de los que trabajan en el mundo de la técnica-jurídica contractual. Se divide en dos partes. Por un lado, se dota de una parte legislativa, creada mediante una norma producto del procedimiento de delegación legislativa 15: la Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. Por otro lado, cuenta con una parte reglamentaria, que nace a la vida jurídica mediante el Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Así, la parte legislativa, sienta las bases normativas generales. Comienza con un título preliminar que establece los principios reguladores de la actividad contractual y las definiciones de los contratos cubiertos. Primero, le reconoce a los compradores y a las autoridades concedentes, en su primer artículo, el L1, la libertad de selección del modo de gestión de las actividades públicas.

Posteriormente, define la categoría francesa contratos de la “Commande publique”, no existente en las directivas europeas de 2014. Y que por lo tanto no dispone de una traducción oficial en castellano 16. Según el artículo L2, los contratos de la “Commande publique” son los contratos concluidos a título oneroso por un comprador o una autoridad concedente, para responder a sus necesidades en materia de obras, suministros o servicios, con uno o varios operadores económicos. Precisa que estos corresponden tanto a los contratos públicos 17 como a los contratos de concesión, definidos en el libro primero de la primera parte, sin importar su denominación. Cabe subrayar que por primera vez se unifican en un mismo texto francés estos dos contratos 18.

Su punto común es el sometimiento a los “principes fondamentaux de la Commande publique”. Obra del ingenio de la jurisprudencia constitucional francesa 19, estos principios se desprenden de los artículos 6 y 14 la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y habían sido incorporados a los textos positivos desde hace ya algún tiempo 20. Hoy, figuran en el artículo L3 del nuevo código. Al parecer de la doctrina 21 se jerarquizan, pues, primero se coloca el respeto que deben tener los compradores y las autoridades concedentes del principio de igualdad de trato de los candidatos a la atribución de un contrato de la “Commande publique”. Posteriormente, un peldaño abajo en la jerarquía del artículo L3, se precisa que aquellos ponen en obra los principios de libertad de acceso y transparencia de los procedimientos, en las condiciones que fija el código. Y en el último lugar de la redacción, se afirma que dichos principios permiten asegurar la eficacia de la “Commande publique” y la buena utilización de los fondos públicos.

Y aunque el derecho administrativo francés y su doctrina ha decidido inclinarse 22 ante la noción de “Commande publique”, no es en detrimento de la noción “contrato administrativo”, que logra sobrevivir a la empresa de codificación. Pieza fundamental para determinar la jurisdicción competente en caso de litigio, el artículo L6 del código precisa los criterios para considerarse contrato administrativo. Primero, el criterio orgánico según el cual se reputarán como tales los contratos concluidos por personas jurídicas de derecho público, con las reservas que establece el código en el libro V de su segunda parte 23 y el libro II de tercera parte 24. Y luego, se incorpora el criterio material desarrollado en la jurisprudencia, al disponerse que los contratos que figuran en esas secciones pueden ser considerados administrativos, en razón de su objeto o cláusulas.

Por su lado, la parte reglamentaria desarrolla con gran detalle los aspectos procedimentales y técnicos del proceso de licitación.  Su carácter exhaustivo, como se dijo, busca convertirse en una guía práctica para facilitar la labor de los operadores jurídicos 25. Situación paradójica, que encuentra eco en algunos pesos pesados de la doctrina, como el Profesor Yves Gaudemet, quien afirma que nunca se había reglamentado tanto el contrato como en una economía de mercado y de competencia como la de la Unión Europea 26. Las próximas semanas se ahondará en estos detalles. También comentaremos algunas de las discusiones doctrinarias francesas impulsadas en la última década 27, gracias a las evoluciones de la jurisprudencia y a las transformaciones de la normativa europea

La reconocida apertura y el carácter cosmopolita 28 del derecho español convierten espacios, como este que facilita el Observatorio de Contratatación Pública, en un marco propicio para establecer un diálogo de derecho comparado de la contratación. Se podrá profundizar en los puntos de convergencia, como por ejemplo el uso estratégico 29 de la contratación pública. Y también se explorarán algunas hipótesis sobre las diferencias en la transposición y aplicación de las directivas europeas de 2014 30.

La entrada en vigor del Code de la Commande publique dinamizará (y, para algunos, dinamitará) aún más la producción jurídica 31, las discusiones 32 y controversias en torno a la vigencia de las teorías clásicas del derecho administrativo francés. Sirva esta primera colaboración como una modesta entrada en materia.

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1 Fue publicado en el Journal Officiel de la République française (« JORF ») el 5 de diciembre de 2018.

2 Cada artículo está precedido por la letra “L” o “R”. La “L” precede los artículos de la parte que tienen rango legislativo y la “R” para los que possen rango reglamentario. La numeración de los artículos se estructura en cuatro niveles. La primera cifra, corresponde a la parte, la segunda al libro, la tercera al título y la cuarta al capítulo. Sus elaboradores lo explican a partir del ejemplo siguiente : Los artículos L. 2193-1 al L. 2193-14 regulan las reglas relativas al capítulo 3 del título 9no del libro 1ro de la 2da parte. Después del guión (“-”), el número que figura corresponde al orden de aparición, a partir del primer artículo de cada capítulo.

3 Le llaman una codificación de « droit constant » para precisar que no se innova en el contenido normativo. En otras palabras, no se crea derecho de fondo sino que se limita a sistematizar la normativa y principios jurisprudenciales que ya imperaban en el ordenamiento jurídico francés pero de forma dispersa.

4 Las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE fueron transpuestas entre 2015 y 2016 a través de los siguientes textos normativos: Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet relative aux marchés publics, Code général des collectivités territoriales, arts. L. 1414-1 – L. 1414-4, Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique JORF n°0035 du 31 décembre 2017, Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique, JORF n°0074 du 27 mars 2016, Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés public, JORF n°0074 du 27 mars 2016, Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics, JORF n°0074 du 27 mars 2016, Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques , JO 27 mars 2016.

5 G. ECKERT, « Code de la commande publique : la sécurité juridique au service de l’efficacité économique ? » Revista Contrats et Marchés publics, núm. 1, 2019.

6 Creada por el Décret n°89-647 du 12 septembre de 1989 relatif à la composition et fonctionnement de la Commission supérieure de codification. Desde esta fecha más de veinte códigos han visto la luz y en gran parte gracias al recurso al procedimiento legislativo delegado (procédure de legislation déléguée) con la codificación se realiza por medio de ordonnances que a su vez suelen ser completadas por medio de décrets. Su fundamento, el artículo 38 de la Constitución francesa de 1958, dispone: « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » Cf. con el discurso del vicepresidente emérito del Consejo de Estado francés, Jean-Marc Sauvé, en ocasión de los 25 años del relanzamiento de la codificación disponible en http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/25-ans-de-la-relance-de-la-codification y consultado el 29 de marzo de 2019.

7 Voluntad expresada mediante la Ley n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, publicada en el JORF n°0287 el 10 de diciembre de 2016, conocida también como la “Loi Sapin II”. Su artículo 38 dispone: « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour : 1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ; 2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. »

8 Cf. J. CHEVALLIER. “Peut-on rationaliser la production du droit ? ». Pedone. L’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation, pp. 17-28, 2013.

9 Según se desprende de las informaciones disponibles en el sitio de los Ministerios competentes. Cf. https://www.economie.gouv.fr/code-commande-publique, consultado el 29 de marzo de 2019.

10 Idem.

11 J. CHEVALLIER, L’État post-moderne, Paris, Lextenso, 4ta edición, colección « droit et société », 2014 , pp. 142-144.

12 Según Mathïas AMILHAT, la contractualización es un concepto inicialmente vinculado al uso del contrato, no obstante hoy la doctrina publicista francesa lo ha incorporado con un sentido más amplio que incluye también el recurso de la Administración Pública a técnicas propias del proceso de formación del contrato (que no necesariamente se concreticen en la forma final de un contrato). Así, técnicas como la negociación y el consensualismo son utilizadas en los diferentes aspectos de la acción pública, como por ejemplo el trabajo de la DAJ que llevó a la elaboración del código. Por ello, se hace la diferencia entre “contractualización con contrato” y “contractualización sin contrato”. El Code de la Commande publique, visto como una norma negociada, se podría considerar como un ejemplo de la segunda variante. Ver M. AMILHAT, « Contractualisation, négociation, consensualisme : nouvelles approches du droit public », RFDA, núm. 1, 2018, pp.1-9. Y para profundizar en este sentido, se recomiendan las actas del coloquio organizado por el Centre Droits et perspectives du droit de la Universidad de Lille Droit et Santé, el 23 y 24 de marzo de 2017 , denominado : “Contractualisation, négociation, consensualisme : nouvelles approches du droit public ». Sus actas fueron publicadas en la Revue Française de Droit Administratif núm. 1, 2018, pp. 1-34.

13 Sobre la preferencia de utilizar la palabra atribución en vez de adjudicación y las dificultades de las traducciones, leer la nota 16 infra.

14 Ver « ÉDITO, Code de la commande publique : entrée en vigueur imminentee », Lettre DAJ, núm. 270, 28 de marzo de 2019, consultado el 29 de marzo de 2019 en https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/msite/home/lettre-daj.

15 Equivalente al decreto-legislativo en España y que se ha vuelto costumbre en materia de codificación.

16 Por el momento y para evitar imprecisiones no se propone una traducción al castellano y se decide conservar el término en francés. Se considera que, en este caso, una traducción literal en castellano induciría a error o confusión, dificultando el diálogo entre comparatistas del derecho. El “Commande” significa orden y decir el “Código de la orden pública” no remite a la dimensión contractual o a las representaciones del derecho administrativo del mundo hispanoparlante en la materia. En efecto, es complejo no sacrificar el significado doctrinario al realizar una traducción literal. Aunque hay casos de éxito que han sido aprehendidos en la doctrina administrativista de lengua castellana, como “contrats de l’administration” traducido como “contratos de la administración”; “contrat administratif” traducido como “contrato administrativo”; “contrat public” traducido como “contrato público”. También otros, que son menos utilizados en doctrina francesa, aunque están presentes en el terreno de la práctica, por ejemplo “achat public” traducido como “compra pública”. Lo cierto es que hay contra-ejemplos que nos invitan a ser cautos. Es el caso de la palabra “adjudication” que se tradujo al español a adjudicación, empleada actualmente en la doctrina, las directivas europeas de 2014, el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los acuerdos de asociación de la Unión Europea con terceros países y la ley española. Esto a pesar de que en Francia desde 2001, “adjudication”, de donde se inspira el término, en lo que concierne a los contratos del sector público, fue remplazado por “attribution”. La diferencia estriba en que la “adjudication” en derecho administrativo francés se empleaba cuando el criterio principal para adjudicar la oferta era el precio más bajo (“moins disant”), pero desde 2001 la “adjudication” no existe en derecho positivo francés. Y ahora, al incluir una pluralidad de criterios que buscan la mejor relación calidad-precio (“mieux disant”), se utiliza el término “attribution”, razón por cual aconsejamos seguir diciendo atribución donde se pueda. O por ejemplo, “Marchés publics” ha sido traducido de distintas formas, desde la traducción literal “Mercados públicos” (ver por ejemplo esta obra) a otras como “contratos públicos”. Se considera que esto dificulta el diálogo entre culturas jurídicas. Y aunque es similar al término en inglés “Government Procurement” o “Public Procurement”, pues comparte una idea de órdenes de compra o de proveeduría, el término anglosajón también fue traducido al español como “contratación pública” o “contratación administrativa”, que no claramente presenta las mismas debilidades. Otro fenómeno ocurre con la palabra “Licitación”, que en el derecho administrativo en castellano es una noción jurídica central (objeto de artículos, tesis y un sinfín de obras jurídicas) pero que en francés no tiene el mismo trato o recepción. Frecuentemente es utilizado en obras prácticas destinadas a los que técnicos-jurídicos mas no así en doctrina. Es más bien un palabra accesoria traducida en las directivas o en el ACP de la OMC como “appel d’offre”. Y en español, cuando hablamos de licitación, también puede ser que nos estemos refiriendo a lo que en francés se dice “passation”, incluye todo el proceso de licitación y selección de ofertas (ver por ejemplo este libro). Para terminar, lo que prevalece en la noción Commande publique son los principios constitucionales o fundamentales que le aplican a un conjunto de contratos del Sector Público. Así las cosas, ante la dificultad de encontrar una traducción literal apropiada y operativa en derecho administrativo en castellano, allí donde se lea Commande publique se aconseja, hasta nuevo aviso, leer Contratación del Sector Público. Para aprender más sobre los orígenes de este término, se recomienda vivamente la tesis del Profesor Kalflèche de la Université de Toulouse. Ver. G. KALFLECHE. "Des marchés publics à la commande publique: L’évolution du droit des marchés publics". Droit. Université Panthéon-Assas Paris 2, 2004. Français.

17 Traducción oficial de las directivas de 2014 de la Unión europea al castellano de “Marchés publics”.

18 G. ECKERT, op. cit.

19 En este sentido ver Déc. Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC : JORF n° 152, 3 juill. 2003, p. 11205. Y L. RICHER, « Constitution, contrats et commande publique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, núm. 37(4), 2016, pp. 37-48. doi:10.3917/nccc.037.0037.

20 Cf. artículo 1, de la Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. « Les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »

21 G. ECKERT, op. cit.

22 El Profesor Pierre Délvolvé, figura mítica que personifica el pensamiento dominante del derecho administrativo francés, así lo afirmó en 2016: « Si l'on se résout à parler des contrats de la « commande publique » pour couvrir à la fois les marchés publics et les concessions, alors qu'on a pu soutenir que seuls les marchés correspondent à une « commande », ce n'est pas seulement pour la commodité d'une formule englobante, c'est aussi par discipline et finalement par raison. La discipline tient à ce que désormais la jurisprudence et la législation parlent couramment de la commande publique. Le Conseil constitutionnel l'a fait pour la première fois dans sa décision n° 2003-473 DC du 23 juin 2003 en se référant « au droit commun de la commande publique » et aux « exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique », et encore ultérieurement. Le Conseil d'État a repris l'expression. On la retrouve dans des textes législatifs, notamment ceux qui ont autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures « rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne » le régime applicable, « permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droi de l'Union européenne ». Est annoncée l'adoption d'un code de la commande publique que la loi va encore autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance. On ne peut que s'incliner. » (el subrayado no es del original) en P. DELVOLVÉ « Les contrats de la « commande publique », RFDA, núm. 2, 2016, p. 200

23 Libro relativo a otros contratos públicos, denominada “Autres marchés publics”, como por ejemplo el contrato “In-House” que en el “Code de la Commande publique” se denomina “Quasi-régie”.

24 Libro relativo a otros contratos de concesión, denominada “Autres contrats de concession”.

25 La ficha de presentación de la DAJ está disponible en el vínculo siguiente: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/nv-ccp-2018/fiche-DAJ-CCP.pdf , consultado el 29 de marzo.

26 «La codification, nous a-t-on dit, emportait avec elle clarification et simplification du droit. Peut-être… mais à l’arrière-plan il y a ce constat un peu paradoxal qu’on n’aura jamais autant réglementé le contrat que dans une économie de marché et de concurrence aux dimensions de l’Europe. » en Y. GAUDEMET, « Le Code de la commande publique : un avènement, quelques questions », Revue des contrats, núm. 1, p.1, 2019.

27 Por ejemplo, es de interés comentar la jurisprudencia francesa y su doctrina que afirman las bases constitucionales comunes del derecho, tanto público como privado, en materia contractual y le reconoce el valor constitucional a la libertad contractual de las personas públicas. El impacto de las decisiones n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 y n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie, es notable en la producción de un sector importante de la doctrina que argumenta la unificación del contrato. Así, se admite que las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más porosas. Consecuencia de la influencia del derecho de la Unión Europea, pone a prueba las categorías jurídicas francesas tradicionales tributarias de la suma divisio público/privado. Y esta división cede ante la primacía de la lógica de concurrencia, pues parece cada vez más artificial. Una de las más recientes manifestaciones científicas en el abordaje unificado del instrumento contractual fue el coloquio denominado “Constitution et contrat(s)”, organizado el 6 de abril de 2018 por los laboratorios CERCOP, CREAM y LDP de la Universidad de Montpellier, que contó con algunos de los principales juristas franceses en derecho de contratos, tanto de derecho público como privado. Sus actas fueron publicadas el 12 de diciembre de 2018 en un dossier especial de la Revue des contrats, número 04, 2018.

28 «Ver por ejemplo los comentarios al respecto de la carrera de Eduardo García De Enterría en la tesis de A. NEYRAT, Le rapport du droit administratif national aux droits administratifs étrangers. Les cas de la France et de l’Espagne, Université de Bordeaux, 2016, p.15. Disponible en https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01654677/document consultado el 29 de marzo de 2019.

29 «Son una referencia el caso español los trabajos del profesor Gimeno Feliú, ver, por ejemplo, J.M. GIMENO FELIU, “El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública. De la burocracia a la estrategia. El contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes públicos. Editorial Aranzadi, Madrid 2014. Por su lado, del lado francés hace unos meses fueron publicadas las actas del coloquio “La commande publique, un levier pour l'action publique ?” llevado a cabo en la Université de Strasbourg el de 12 y 13 de octubre 2017. Ver E. MULLER (dir.), La commande publique, un levier pour l'action publique ?, Dalloz, Paris, 2018.

30 «Algunas de las hipótesis que estudiamos en nuestro trabajo doctoral se preguntan si España, como buen alumno, transpuso las directivas casi literalmente a la imagen de las directivas, mientras que Francia tal vez haya dejado un mayor margen de maniobra a sus operadores para favorecer a las empresas francesas o implantadas en territorio francés, lo que no necesariamente se ajusta al espíritu de las directivas.

31 «Principalmente los aportes que surgirán durante el año o en 2020 en las nuevas ediciones de los principales publicaciones de contratación en el Sector Público. Ver por ejemplo, la obra de los profesores Hélène Hoepfnner, Marion Ubaud-Bergeron, Laurent Richer y François Lichère Charles-André Dubreuil y Florian Linditch.Mismo con la actualización de la obra colectiva titanezca dirigida por los Profesores Phillipe Terneyre y Olivier Guézou Droit des marchés publics. Además, en la línea de este último, pero solamente en versión digital, se inscribe la “Encyclopédie du droit de la commande publique. Dossiers de présentation et d'analyse”, que es el proyecto más reciente bajo la dirección del Profesor emérito Laurent Richer, accesible desde el sitio http://www.droitdelacommandepublique.fr/. Además algunas obras se inspiran del trabajo de los civilistas y proponen un enfoque y estructuración a partir de los tratados de derecho de obligaciones, como es el caso del libro Droit administratif des obligations, contrats, quasi-contrats, responsabilité, de los profesores Jean Claude Ricci y Fréderic Lombard.De igual forma, es menester dar seguimiento a algunas de las principales revistas en la materia como lo son: RFDA, AJDA, Contrats et Marchés publics y la Semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales, entre otros. Sin duda la producción jurídica de derecho administrativo francés goza de buena salud y este nuevo código contribuirá aún más su desarrollo.

32 «Por ejemplo en cuestión de un mes se han organizado coloquios con los principales juristas franceses de la materia en ocasión de la entrada en vigor del Code de la Commande publique: el pasado 22 de marzo de 2019, en Estrasburgo, y el próximo 12 de abril de 2019, en Montpellier.  Y en París en enero de 2020 se hablará de la ética en la Commande publique desde un punto de vista pluridisciplinario. De igual forma, la revista Contrats et Marchés publics, núm. 1, de enero de 2019, dedicó varios artículos de prestigiosos autores a la entrada en vigor del código. La organización de una manifestación científica franco-española podría ser una linda iniciativa a desarrollar en los próximos meses.

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