Image
ObCP - Opinión
Las cláusulas ambientales en los criterios de adjudicación de los contratos públicos

La participación en los asuntos públicos se vincula con el derecho al medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, que ha merecido el respaldo en la regulación comunitaria y nacional.

03/08/2015

Particularmente en la contratación pública este derecho al medio ambiente encuentra un mecanismo de protección gracias a la inclusión en los pliegos de cláusula administrativas particulares de los criterio de respeto al medio ambiente. Esta realidad cuenta con el apoyo en diversidad de normas que se analizarán así como en instrumentos de política medioambiental. Trascendencia que respeto al medio ambiente, también en sede contractual por su vinculación con otros derechos como el desarrollo de la persona o el derecho a la intimidad personal y familiar y domiciliaria.

La protección del Medio Ambiente.

La Constitución de 1978 reconoce que para hacer efectiva la participación en los asuntos públicos los poderes públicos, por imperativo del artículo 9.2 CE, deben “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Este mandato podemos aplicarlo al medio ambiente al reconocerse en el artículo 45 CE el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo velando los poderes públicos por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Derecho subjetivo con un contenido delimitado por el desarrollo legislativo (STC 32/1983, de 28 de abril) que supone que la planificación ambiental (STC  nº 2138/2013, de 6 de junio de 2013) está estrechamente vinculada a la percepción de que el medio ambiente requiere invariablemente de acciones coordinadas (STC 102/1995) resultando ser uno de los principios rectores de la política económica y social (STC 234/2012, de 13 de diciembre de 2012).

Y por lo que hace al Derecho Originario de la Unión Europea, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea reconoce en su artículo 2 que la Comunidad tendrá por misión, entre otros, promover “un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida” y que se concretan en su Título XIX (artículo 174) sobre el Medio Ambiente. Esta regulación internacional tiene trascendencia por su aplicación a España en virtud del contenido de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 10.2 CE. Por eso que tengamos que seguir los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resultando significativas en materia medioambiental la STEDH de 9 de diciembre de 1994 (asunto López Ostra contra España) y la STEDH de 19 de febrero de 1998 (asunto Guerra contra Italia).

La Globalización y el Medio Ambiente.

Hoy la globalización hace que el medio ambiente deba considerarse en cada política pública por ser sector afectado por este imparable movimiento, junto a las nuevas tecnología de la comunicación, en forma de Administración electrónica, el del cambio climático; advertido en clave comunitaria en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea (12 de diciembre de 2007) cuyo artículo 37 reconoce que “las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad” y de la modificación al Tratado de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa (2007) para reconocer en su artículo 2.3 que “la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado, entre otros aspectos, en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”.

Cambio climático y sostenibilidad prevista en normas con incidencia en el medio ambiente como la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, la ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural, el texto refundido de la ley de suelo, RDL.2/2008, de 20 de junio, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental o la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible de los artículos 77 a 92.

Criterios ambientales en los procedimientos de adjudicación de los contratos: normativa y jurisprudencia.

Tanto el Comité Económico y Social (Dictamen 4/2006) como el Consejo de Estado (Dictamen 22 de diciembre de 1988 y 514/2006, de 25 de mayo) se mostraron favorables a la existencia de criterios objetivos de adjudicación de los contratos que permitan tener en cuenta factores, entre otros, como la protección del medio ambiente”. Y que fue analizado en la jurisprudencia comunitaria (STJUE de 17 de septiembre de 2002 (Asunto C-513/1999 Concordia Bus Finland OY AB y Helsigin Kaupunki) y en la STJUE de 4 de diciembre de 2003 (Asunto C-448/01 EVN y Wienstrom).

En el sector de la contratación pública la Administración contratante vela por la realidad de los intereses generales por cuenta de la comunidad para lo que el ordenamiento jurídico le dota de determinados poderes y competencias cuyo ejercicio le permite perseguir estos fines públicos que le son propios (STC 141/1993 y SSTS de 4 de mayo de 1968 y 28 de febrero de 1989). Pues bien, este objetivo se consigue cuando en el proceso de contratación, son respetados principios como el de seguridad jurídica que supondrá que para que sea conforme a derecho el procedimiento de licitación, es necesario que los pliegos establezcan con la suficiente precisión los requisitos técnicos que deben reunir los productos o servicios objeto de licitación y que las proposiciones de los interesados deban ajustarse a lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas y al de prescripciones técnicas, excluyéndose a aquellos licitadores cuyas ofertas se aparten de tales requisitos (Resoluciones nº 91/2012, nº 250/2013, nº 783/2014 Tribunal Administrativo Central de Recurso Contractuales).

Por tanto si en el procedo de contratación los poderes públicos, por exigencia constitucional, deben proteger el medio ambiente, para ello en el pliegos de cláusulas administrativas particulares deben incluirse como criterios de adjudicación, el respeto al medio ambiente. Esta realidad la encontramos en regulaciones sectoriales de nuestro ordenamiento, a saber: la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporó al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, norma derogada, excepto su disposición adicional cuarta por la Ley 31/2007, de 30 de octubre; la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases que en la Disposición Adicional tercera, promoviendo el uso de materiales reutilizables y reciclables en la contratación de obras públicas y suministros. El artículo 21 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, considerando prioritario para los poderes públicos fomentar la reutilización de los productos, las actividades de preparación para la reutilización y el reciclado; o la compra responsable de productos forestales prevista en el artículo 35.bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

La contratación pública puede ser política pública para proteger el medio ambiente, de manera que se aprobara por el Consejo de Ministros en Noviembre de 2007 la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2020, y en concreto como mecanismo de lucha contra los efectos del cambio climático, se prevé que en los concursos públicos de contratación de servicios, se presente un “informe sobre medidas de eficiencia energética utilizadas por las posibles contratas, favoreciendo a las empresas a que presenten un modelo de funcionamiento sostenible, también a nivel municipal, así como a establecer una estrategia de contrataciones públicas, que incorpore criterios obligatorios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático”.

Otro mecanismos para proteger en sede contractual el medio ambiente lo ofrece la prohibición para contratar del artículo 60 a/ y c/ TRLCSP 3/2011, de 14 de noviembre, con personas condenadas mediante sentencia firme por delitos relativos a la protección del medio ambiente o por infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costa (modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral);en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación( modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio). Particularmente señalar que la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en su artículo 61 establece que “para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como las características medioambientales”.

La contratación pública es protectora del medio ambiente también en clave europea; así vio la luz el “Libro verde. La Contratación Pública en la Unión Europea: Reflexiones para el Futuro”, de la Comisión de 27 de Noviembre de 1996 sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE, invitando a la aplicación de una política más abierta de la contratación pública haciendo de la contratación pública un instrumento para lograr objetivos sociales; que supone su vinculación inmediata con el medio ambiente por la conexión que este tiene con el resto de derechos de desarrollo de la persona ; el Libro Verde de 2001 sobre “la política de productos integrada” para reorientar la política medioambiental para desarrollar un mercado de productos más ecológicos o la Comunicación de la Comisión de 2008 para una contratación pública ecológica.

En definitiva esta preocupación por las relaciones entre medio ambiente y contratación pública se observan en la Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente) en el que se enfatiza en “la promoción de una política de contratación pública respetuosa con el medio ambiente” y reconocía medio de lograr sus fines “fomentar la aplicación de criterios ecológicos en la adjudicación de contratos públicos, que permitan tener en cuenta las características medioambientales y la posible integración de consideraciones relativas al ciclo de vida medioambiental, incluida la fase de producción, en los procedimientos de adjudicación de contratos, sin perjuicio del respeto de las normas comunitarias sobre mercado interior y competencia, aportando orientaciones sobre mejores prácticas y empezando una revisión de la adjudicación de contratos con criterios ecológicos en las instituciones comunitarias”. Finalmente señalar el uso de la ecoetiqueta europea como un medio de fomentar y facilitar la contratación pública ecológica procurando la sostenibilidad en la contratación pública (Reglamento nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009).

Conclusión

Para concluir, el ajuste del procedimiento de contratación y la consideración y respeto que merece el medio ambiente en su aplicación, que ya cuenta con una regulación comunitaria y espíritu favorable de los poderes públicos, debe mantenerse de manera paulatina e imparable para que el contendido íntegro del derecho el medio ambiente sea real y efectivo. No olvidemos que se trata de un derecho con inmediatas vinculaciones en otros derechos (STC 119/2001, de 24 de mayo) como el derecho a la integridad física y moral (artículo 15 CE) el desarrollo de la persona (artículo 45.1 CE) el derecho a la intimidad personal y familiar y domiciliaria (artículo 18 CE) y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 CE).

Desde la normativa comunitaria y nacional y las resoluciones judiciales debe hacerse realidad que de manera continua los poderes públicos se afanen por la búsqueda real de una compara pública ecológica, que se conseguirá si en el procedimiento de adjudicación y posterior ejecución del contrato público se consolidan criterios de respeto medioambiental así como instaurar políticas públicas de fomento como la ecoetiqueta para que la ciudadanía tenga conocimiento de la información en materia medioambiental y así poder juzgar el respeto al medio ambiente como obligación de todos, también en la aplicación de la contratación pública.

 

Colaborador