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ObCP - Opinión
Otra reforma de la exigencia de clasificación y de los medios para acreditar la solvencia de las empresas

La reforma del TRLCSP por Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.

24/02/2014

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE num. 311 de 28 de diciembre) modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en lo sucesivo) en dos aspectos fundamentales que nada tiene que ver con el contenido de la ley utilizada: en primer lugar, la regulación de la exigencia de clasificación y la forma de acreditar la solvencia económica y financiera y, en segundo lugar, el régimen jurídico básico de contratación de otros poderes y organismos del Estado que no son estrictamente Administraciones Públicas.

Respecto al primero de los asuntos, la Ley 25/2013 realiza una profunda reforma en la regulación de la exigencia de clasificación que había sido modificada hace sólo unos meses por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como de los medios para acreditar la solvencia económica y financiera en los distintos tipos de contratos. En este sentido la Ley 25/2013, culmina el proceso de reforma del régimen de exigencia de clasificación de los contratistas iniciado por la Ley 14/2013, que tiene como objetivo eliminar trabas a la concurrencia de las pequeñas y medianas empresas de reciente creación facilitando su acceso a los contratos del sector público.

La ley de emprendedores, en este sentido, había elevado los umbrales del valor estimado de los contratos de manera que la clasificación de las empresas fuese exigible sólo en los contratos de cuantía superior a 500.000 € en el caso de obras y los 200.000 € en servicios. Como digo, la nueva reforma va más allá, ya que para el caso de los contratos de servicios y el resto de tipo contractuales establece que no será exigible la clasificación en ningún caso, manteniendo el umbral de los 500.000 € para los contratos de obra y estableciendo la no exigibilidad de la clasificación para los que se sitúen por debajo de esa cifra.

La reforma no ha afectado al apartado 5 del artículo 65 que permanece con la misma redacción dada por la Ley 14/2013, en virtud del cual:

Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65.

Por tanto, para las administraciones públicas es obligatoria la exigencia de clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 € no pudiendo ser exigida en el resto de contratos. Para las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública, sigue siendo potestativo si la licitación supera esos límites, como venía siendo hasta ahora, no pudiendo ser exigido este requisito en licitaciones de obras cuyo valor estimado se sitúe por debajo de la expresada cuantía, ni en el resto de tipos de contratos sea cual fuere su cuantía.

En cuanto a los medios para acreditar la solvencia (artículos 75 a 78) la reforma afecta sobre todo a la solvencia financiera, eliminando medios que se usaban hasta ahora para acreditarla (entre ellos todo un clásico que resultaba poco esclarecedor cual era las declaraciones apropiadas de entidades financieras) y creando nuevos medios.

Para la solvencia técnica en general se mantienen los medios que existían, pero ampliando el horizonte temporal de validez de los trabajos realizados que sirven para acreditar la solvencia, que pasan de cinco a diez años en los contratos de obra y de tres a cinco en el resto.

No resulta baladí el cambio del verbo utilizado en los encabezamientos de cada uno de los artículos reguladores de los medios para acreditar la solvencia: hasta ahora el legislador utilizaba la expresión la solvencia…podrá acreditarse, la reforma cambia el verbo poder por el deber (la solvencia…deberá acreditarse). Esta nueva redacción viene a poner fin al debate doctrinal existente hasta ahora sobre si la lista de medios para acreditar la solvencia suponía un numerus clausus o si la ley dejaba abierta la posibilidad de utilizar otros medios no expresamente mencionados, en favor de la primera de las tesis.

Por otro lado, la reforma repite en cada uno de los artículos reformados relativos a la acreditación de la solvencia:

En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos y, en su caso, de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los productos (obras o servicios).

La necesidad de expresar unos valores mínimos por encima de los cuales se entiende que la empresa es solvente económica o técnicamente, era un aspecto ciertamente obvio pero que muchas veces se olvidaba en los pliegos reguladores, en los que los órganos de contratación convocantes parecían conformarse con una mera declaración de medios que posteriormente se juzgaban suficientes o no.

Establece, por último, como norma general que la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley, que regula la clasificación del contratista, con lo que se pretende dar alguna utilidad a la ya innecesaria clasificación de las empresas de servicios.

La reforma no ha afectado al artículo 74, que actúa como disposición introductoria de la regulación de la solvencia y cuyo apartado 3, establece:

Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la condición de Administraciones Públicas podrán admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos 75 a 79 para los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada.

Por tanto, el carácter cerrado y tasado de los medios de acreditar la solvencia en los contratos convocados por las Administraciones Públicas sigue contrastando con la posibilidad que la ley pone a disposición de los poderes adjudicadores que no tienen tal carácter de admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos a los expresados en los artículos 75 y siguientes, si bien esta posibilidad sólo cabe en los contratos no sujetos a regulación armonizada.

El legislador demora la entrada en vigor de estas disposiciones hasta que se defina conforme a lo que se establezca en las normas de desarrollo reglamentario. No obstante, se mantiene con carácter general la no exigencia de clasificación en los contratos de obra de valor estimado inferior a 500.000 € y 200.000 en los de servicios.

El segundo aspecto reformado, más relacionado con la intención de mantener el orden y la sistemática de la ley, elimina del ámbito subjetivo de la ley la mención expresa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación, equiparando a dichos órganos de una forma mucho más clara y contundente al régimen general de contratación de las Administraciones Públicas a todos los efectos.

Colaborador