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ObCP - Opinión
Una posible luz al final del túnel en el problema del impago a contratistas y proveedores de la Administración

Tras los intentos, de escaso éxito, por parte del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril y del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 julio, el pasado 25 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, en el que se prevé nuevamente un mecanismo para facilitar el pago a los proveedores por parte de las entidades locales (y organismos y entidades dependientes de ellas) y atajar así lo que se ha convertido ya en un mal endémico de nuestro sistema; dicho mecanismo se ha hecho extensible además a las Comunidades Autónomas, a través del acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 6 de marzo de 2012.

12/03/2012

Este paquete de medidas se une así a otras ya existentes, como la creación del llamado “monitorio administrativo” o el endurecimiento de los plazos máximos de pago en contratos sometidos al hoy vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; veamos a continuación cuáles son los puntos fundamentales de esta importante novedad.

Su ámbito de aplicación es muy específico, pues únicamente se refiere a aquellas obligaciones pendientes de pago con contratistas (o con quienes estos hayan cedido sus créditos) vencidas, líquidas y exigibles derivadas de contratos de obras, servicios, suministros y contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión, cuya solicitud de pago o envío de la factura correspondiente haya tenido lugar antes del 1 de enero de 2012.

En términos generales, el mecanismo de pago se articula a través de tres pasos fundamentales. En primer lugar, se establece la obligación de informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las obligaciones pendientes de pago a fecha 1 de enero de 2012, para lo cual, a través de intervención se elaborará una relación certificada de las obligaciones pendientes de pago, relación que los contratistas podrán comprobar y cuya rectificación podrán solicitar a través de la solicitud de una certificación individual; es preciso indicar que la falta de contestación a la petición por parte de intervención en el plazo de 15 días naturales conllevará el reconocimiento del derecho de cobro por silencio positivo.

Dicha información servirá para que las Administraciones elaboren un “Plan de Ajuste” cuya valoración favorable por el precitado Ministerio conlleva la autorización para que dichas entidades lleven a cabo una operación de endeudamiento a largo plazo para acometer los pagos a los contratistas.

Finalmente, como tercer paso, el cobro de estas deudas podrá hacerse efectivo, a voluntad del contratista-acreedor, a través de los bancos y entidades de crédito; interesa matizar en este punto que dicho abono implica la extinción de la deuda contraída en cuanto al principal, intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.

Por otro lado, para el buen fin de este mecanismo, se acaba de publicar el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, como entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia y adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyas funciones básicas serán las de (i) concertar toda clase de operaciones de endeudamiento en los mercados de capitales, (ii) concertar con las Entidades locales y Comunidades Autónomas las operaciones de crédito necesarias para el pago de sus obligaciones y (iii) satisfacer directamente las obligaciones pendientes de pago subrogándose en el derecho de crédito frente a la Administración territorial deudora.

Asimismo, no hay que perder de vista que si bien el contratista podrá recuperar el principal adeudado (con un importante descuento, cabría añadir, dada la posibilidad de establecer criterios de prioridad en el pago a quienes mayores descuentos oferten) perderá toda posibilidad de reclamar y cobrar los intereses de demora, las costas judiciales y demás gastos accesorios incurridos en la reclamación.

También cabe preguntarse qué ocurrirá con las entidades locales del País Vasco y Navarra, ya que, como consecuencia de las especialidades de su régimen foral, según la Disposición Adicional tercera del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, este sistema no les será de aplicación.

Todo parece indicar que se ha dado un importante paso en la solución al impago de las Administraciones, sobre todo para aquellas pequeñas y medianas empresas que han tenido que soportar por largo tiempo créditos contra las mismas; no obstante, será preciso ver cómo evoluciona este nuevo mecanismo, cómo es acogido por las grandes empresas (las cuales sí pueden soportar el coste de un largo procedimiento judicial de reclamación) y si efectivamente será tan ágil como se pretende, dada la enorme carga de trabajo que supondrá, sobre todo, para la Intervención de los municipios.

Colaborador