Fuente
El Independiente
La investigación llevada a cabo se ha basado en los datos accesibles desde la Plataforma de Contratación del Estado.
La colaboradora del ObCP Patricia Valcárcel, aporta su visión sobre el tema:
“La realidad demuestra que la intención original en la que descansa la previsión legal de esta figura no se ha respetado, pues su uso se ha extralimitado y generalizado a muchas situaciones que no deberían quedar a su amparo. La práctica del día a día evidencia que lo que podría haber sido un instrumento interesante de flexibilización en la actuación pública se ha convertido en un problema”.
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