Acaba de publicarse el Informe anual que la Comisión Europea elabora sobre desequilibrios macroeconómicos. El vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis ha señalado que los informes nacionales elaborados por la CE dan pistas sobre el tipo de medidas a aplicar para corregir las desigualdades y espera que los países aborden los retos identificados en sus programas de reforma nacional y en sus programas de estabilidad o convergencia.
El informe alaba la recuperación económica española, pero advirtiendo que en las recomendaciones concretas hechas en 2016 se aprecia poco progreso, en concreto en el ámbito de la contratación pública. De hecho, son estas ineficiencias de la contratación pública las que reducen el impacto de las medidas propuestas (y llevadas a cabo en un 87%) del informe CORA. Además estas debilidades de la contratación pública dificultan lograr la eficiencia en el gasto público en todos los niveles de Gobierno y no fomentan la observancia de la legalidad vigente.
El informe advierte que España carece de una política de Contratación Pública a nivel nacional que garantice la competencia y la transparencia. La principal crítica es que no hay un organismo a nivel nacional que se encargue de asegurar la eficiencia y el cumplimiento de la legalidad vigente de una manera uniforme en todo el país. De hecho hay regulaciones autonómicas que podrían ser contrarias a los principios de la ley, lo que supone un gran obstáculo a la inversión por parte de las empresas. Éstas se encuentran también con las barreras de largos periodos de pago por la Administración, eternos procedimientos judiciales, así como altos costes económicos y dilaciones en la concesión de permisos.
Los principales problemas son:
- la falta de coordinación, aunque sí es cierto que se ha potenciado la utilización de la Plataforma de Contratos del Sector Público
- la insuficiencia de los mecanismos de control, ya que aunque los Tribunales de Contratación como órgano especializado para resolver los recursos se ha demostrado como un sistema muy eficiente, sólo pueden entrar a conocer si un operador económico interesado alega una infracción de la normativa de contratación
- la falta de transparencia
- y la escasa utilización de la compra centralizada
También se critica duramente la elevada utilización del procedimiento negociado sin publicidad, que perjudica la competición y se traduce en adjudicaciones directas. Sin embargo, el informe valora muy positivamente que el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público haya eliminado este procedimiento en razón e cuantía.
Se valora positivamente la participación de algunas Comunidades Autónomas en procedimientos de contratación conjunta transfronteriza, que puede potenciar la coordinación inter-territorial, así como el aumento de las potestades de control de la Junta Consultiva del Estado ex post a nivel central y de coordinación a nivel autonómico. No obstante no queda muy claro cómo operaran en la práctica estos controles, ya que la ley nada dice al respecto.
Por último, se valora la creación de la Oficina Nacional de Evaluación que podrá hacer controles no vinculantes ex ante en los contratos de concesiones de servicios estatales y locales. A pesar de ello se recalca que en el proyecto no hay suficientes controles ex ante.
Estas reflexiones deberían servir para corregir las debilidades detectadas en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Y, por supuesto, para avanzar en una legislación más transparente, uniforme y con prevención efectiva frente a la corrupción.
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