Transparencia Internacional España (TI-España) vuelve a evidenciar "el muy escaso" cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de las instituciones públicas españolas. La organización no gubernamental recupera los datos que publicó hace seis meses para mostrar que la mayor parte de las entidades públicas siguen sin cumplir dicha normativa legal, según explica en la nota de prensa.
En enero y febrero de 2016, Transparencia Internacional de España, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (ObCP), realizó un análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado. En los resultados se puso de manifiesto el incumplimiento de esta normativa legal por parte de una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto Ayuntamientos, como Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.
El nuevo estudio, también elaborado por TI-España y el ObCP, ha atendido a la situación del mes de julio del presente año. En esta edición se han comprobado ciertas mejoras en el nivel de cumplimiento en algunas de estas instituciones, pero, en opinión de TI-España: "Sigue siendo inaceptable y realmente preocupante el mayoritario incumplimiento legal por las entidades públicas de este país". Según los datos que se han incluído en la nota de prensa de la entidad, solamente cuatro Ayuntamientos más, respecto a los anteriores resultados, son los que cumplen la ley. Esto muestra que en la actualidad son sólo 33 de los 110 grandes Ayuntamientos los que tienen en cuenta esta normativa legal sobre contratos, o lo que es lo mismo el 30% de los Ayuntamientos cumplen la ley. TI-España ha opinado que resulta significativo que grandes Ayuntamientos como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta normativa legal.
El reciente estudio también ha analizado la situación de las Comunidades Autónomas, de los Parlamentos, las Diputaciones Provinciales y de las Universidades públicas. En relación con las Comunidades Autónomas, han pasado de tres a seis las que cumplen con la normativa legal, lo que representa ahora a algo más de un tercio de las Comunidades. Sobre los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) son cinco los que cumplen con la normativa legal. En concreto se trata de los mismos Parlamentos que lo hacían hace unos meses, por lo que no ha habido ningún avance en el cumplimiento normativo por parte de estas instituciones públicas. Además desde TI-España han añadido que es significativo que el Congreso de los Diputados y el Senado sigan sin cumplir esta normativa legal.
En lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, se ha comprobado el mayor nivel de mejora respecto al primer análisis, dado que son ahora 27 Diputaciones las que han pasado a cumplir esta normativa. En el caso de las Universidades ha aumentado el número en 33 instituciones que cumplen la normativa, lo que representa el 65%.
Desde Transparencia Internacional España se insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos. Según la institución, esta acción implicará un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción y posibilitará un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.
En la página web de Transparencia Internacional de España pueden descargarse las tablas que muestran de forma individualizada el nivel de cumplimiento legal y publicación de contratos y licitaciones en la PCSP por parte de: a) los 110 grandes Ayuntamientos, b) los 19 Parlamentos, c) las 17 Comunidades Autónomas, d) las 45 Diputaciones provinciales, y e) las 51 Universidades públicas.
Más información:
- Las instituciones públicas continúan incumpliendo la normativa legal sobre contratos (Transparencia Internacional de España).
