Opinión
La falta de información a los licitadores sobre las decisiones del órgano de contratación es un grave problema que perjudica tanto a aquellos como al poder adjudicador y a la sociedad en su conjunto. Es inaplazable encontrar una solución y un buen comienzo es revisar la vía por la que optó la NASA cuando estaba atenazada por el miedo a las impugnaciones.
La contratación pública ha dejado de ser un mero trámite: es hoy una herramienta estratégica para generar innovación, valor social y eficiencia. La Compra Pública de Innovación (CPI) permite al sector público atender necesidades reales mediante soluciones adaptadas del mercado, aunque su uso sigue siendo limitado. Impulsarla sistemáticamente es clave para transformar la administración y promover servicios más innovadores y eficaces.
El diseño de los contratos públicos condiciona directamente el grado de competencia en las licitaciones públicas y la capacidad de las administraciones para obtener mejores resultados en sus compras. Más allá de garantizar la legalidad, se trata de crear condiciones que favorezcan la participación, eviten distorsiones y mejoren la eficiencia.
En el marco del VII Congreso del Observatorio de Contratación Pública se celebró como actividad previa la Jornada “Una nueva gestión pública contractual para más y mejor salud”, en la que realice unas reflexiones sobre propuestas normativas para una mejor contratación en el sector de la salud.
“La Unión de Europa no puede fundarse únicamente sobre la buena voluntad. Las reglas son necesarias. Los sucesos trágicos que hemos vivido y a los que asistimos ahora nos han podido hacer más conscientes. Pero los hombres pasan y otros vendrán para reemplazarlos. Lo que nosotros podemos dejar no será una experiencia personal que naturalmente desaparecerá con nosotros, sino las instituciones. La vida de las instituciones es más larga que la de los hombres, y las instituciones pueden, si están bien construidas, acumular y transmitir la sabiduría de las sucesivas generaciones”.
J. MONNET (discurso inaugural de la CECA el 10 de septiembre de 1952 en Luxemburgo).
Nuestros colaboradores
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Socio de Derecho Público e Inmobiliario de Laffer Abogados. -
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de El Puig de Santa María -
Profesor principal en la Maestría de Derecho Administrativo y Contratación Pública, de la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador. -
Abogado Sr. en Derecho Administrativo y de la Regulación Económica en Nicholson y Cano Abogados. -
Jefe de Servicio de Contratación y Junta Consultiva – Comunidad Autónoma de Canarias
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Interventor de servicios en el Ministerio de Defensa. -
Profesora Contratada Doctor de Derecho Administrativo, Universidad Autónoma de Madrid


