¿Por qué seguimos aún instalados en el precio?

Es un hecho bien conocido que los contratos públicos en España se adjudican en gran número sobre la base del precio más bajo como criterio preponderante, cuando no único. Tendencia que se ha agudizado e impulsado más aún si cabe con ocasión o como respuesta a las repetidas crisis que sin solución de continuidad se han encadenado a lo largo de este cuarto de siglo. 

Y no se trata de algo exclusivo de nuestro país, sino generalizado en toda la Unión Europea, como ha puesto de relieve la reciente Resolución del Parlamento Europeo de 9 de septiembre de 2025, sobre contratación pública (1). En efecto, esta Resolución constata críticamente, por un lado, la que califica de excesiva dependencia del referido criterio y, por otro, que la proporción de procedimientos que utilizan criterios de adjudicación distintos del precio es muy limitada, lo que conecta directamente con un uso muy escaso de la compra pública estratégica. 

Relación inversa, pues, entre precio y calidad (ambiental, social, laboral, etc.), de modo que cualquier apuesta seria por la compra estratégica pasa necesariamente por limitar el papel del criterio del precio más bajo en la adjudicación de los contratos públicos.

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