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ObCP - Opinión
Fondos europeos y Contratación Pública: incumplir las normas de contratación pública sale muy caro

En este mes de septiembre acaban de dictarse dos sentencias referidas a los Fondos Europeos y la contratación pública. Son las sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 2013 (asunto C-115/12 P) y del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013 (asuntos T-402/06). Ambos asuntos tienen su origen en sendas Decisiones de la Comisión sobre reembolso de ayudas comunitarias otorgadas con cargo a los Fondos Europeos a diversos contratos de obras y de servicios realizados en los Estados miembros de la Unión Europea.

18/11/2013

Por tanto se ha producido una primera fase administrativa con la Comisión, a la que ha seguido una segunda fase judicial por la impugnación de las Decisiones de la Comisión. Así en el primer caso el Tribunal de Justicia resuelve el recurso de casación contra una Sentencia del Tribunal General desestimatoria del recurso interpuesto por Francia, Estado que pierde en ambas instancias, y en el segundo el Tribunal desestima el recurso interpuesto por España contra una Decisión de la Comisión de reembolso de las ayudas.

Ambos asuntos tienen un motivo común: el incumplimiento de la normativa comunitaria sobre contratación pública no sale gratis. Los Estados miembros que incumplen las normas sobre publicidad, transparencia e igualdad de trato establecidas por las Directivas sobre contratos públicos se ven condenados a devolver las ayudas que recibieron en su día y por importes bien relevantes. Y es que en ambos casos se desestiman los recursos interpuestos por los Estados, Francia y España.

Las sentencias versan sobre la devolución de cantidades concedidas con cargo a los Fondos Europeos (FEDER y Fondo de Cohesión), pero su contenido se centra en el análisis del incumplimiento de las Directivas de contratación pública, fijando (más bien recordando) la reiterada doctrina del Tribunal de Justicia sobre las disposiciones de estas Directivas.

Por tanto, de ambas sentencias cabe extraer la conclusión de que vulnerar las normas sobre contratación pública resulta muy caro: hay que devolver las ayudas recibidas. En el caso de Francia la devolución del importe de las ayudas alcanza a un total de 12.460.000 euros y en el de España a un total de 6.814.435 euros.

El contenido de las Sentencias versa, por consiguiente, sobre la contratación pública de forma principal. Este es el tema que ocupa la mayor parte de sus páginas. La devolución de las ayudas que insta la Comisión se fundamenta en que los Estados han violado las Directivas sobre contratación pública.

Resta apuntar, muy brevemente cuáles son los asuntos abordados en cada sentencia. En la Sentencia de 26 de septiembre de 2013, se analizan las siguientes cuestiones:

  • a) Se trata de la aplicación de la Directiva 93/37 a una entidad privada por la realización de un contrato de obras subvencionado en más de un 50%.
  • b) Para la definición de contratos subvencionados se establece un concepto amplio de ayudas: no sólo deben tenerse en cuenta las subvenciones sino también las deducciones fiscales.
  • c) Las Directivas sobre contratos públicos se aplican a determinados contratos que no son públicos (como ocurre con los contratos subvencionados).
  • d) La referencia de la Directiva 93/37 a contratos subvencionados de “los equipamientos deportivos, recreativos y de ocio” no se limita a los que respondan a las necesidades colectivas de los usuarios.

La sentencia de 16 de septiembre de 2013 versa sobra la decisión de la Comisión de devolución de ayudas concedidas a diversos contratos de obras y de servicios en Cataluña. Las cuestiones más importantes, en lo que aquí interesa, son las siguientes:

  • a) El criterio de adjudicación del precio medio es contrario al principio de igualdad de los licitadores.
  • b) La concesión según dicho criterio de cero puntos a la oferta más baja, constituye en la práctica el rechazo automático de una oferta por ser anormalmente baja.
  • c) El criterio de la experiencia no es un criterio de adjudicación.
  • d) La sociedad pública estatal “Depurbaix” no sólo es un organismo de Derecho Público a los efectos de la Directiva 92/50 sino también se asimila a una Administración Pública en el sentido de los requisitos de subvencionalidad establecidos en la Decisión de concesión.

En definitiva, volvemos a lo de siempre. Nuestra clase política, los directivos de la Administración, los gestores, etc., tienen que asumir e interiorizar en el seno de sus organizaciones que la vulneración del Derecho comunitario sobre contratación pública no les va a salir gratis, sino que por el contrario es muy costosa.

Y aunque sea por el miedo a estas graves “sanciones” que además se imponen a posteriori (reembolso de ayudas), de nuevo es preciso que todas las Administraciones Públicas velen por el cumplimiento de las normas sobre contratación pública.
 

Colaborador