La denominada contratación pública estratégica impulsada por la Comisión Europea en las directivas de 2014 incorpora en los contratos públicos consideraciones sociales, ambientales, técnicas y económicas que exigen la intervención de especialistas multidisciplinares. 

No es una orientación a seguir exclusivamente en cada contrato de forma atomizada sino que solo puede verse realizada si de forma conjunta toda la contratación pública se rige por unos criterios uniformes. No se trata de sumar sino de multiplicar. La repercusión de la contratación pública estratégica no se logra sino implantando un modelo uniforme, constante y generalizado de condiciones contractuales.

Que toda la contratación pública siga una orientación común exige la adopción de directrices, modelos, propuestas, guías, talleres, portales en internet, oficinas de orientación, encuentros monográficos….Pero cada área de compra tiene sus características que hay que cuidar: no son los mismos criterios de solvencia, adjudicación o condiciones de ejecución los que deben acreditarse en el suministro de energía eléctrica, las obras de pavimentación o el suministro de uniformes.

No es un trabajo solo de directivos y empleados públicos profesionales en diversas materias, sino que exige el concierto con las asociaciones empresariales y de usuarios, que aportarán sus equipos técnicos y sus propias ideas.

La contratación pública estratégica necesita como condición necesaria lo que se ha venido en denominar una adecuada “gobernanza”. Dotarse de una organización estructurante muy potente porque, en su defecto, el peso, las exigencias que conlleva su impulso, pueden provocar sino están provocando ya, la ruina inminente de la pobre estructura en que se sustenta la clásica contratación administrativa española.

El Libro IV de la ley 9/2017 se titula “Organización administrativa para la gestión de la contratación”. Los órganos consultivos que se prevén en su Capítulo III no están siendo las columnas que deben aguantar la contratación pública española. Están agazapados en una función de asesoría jurídica descoordinada y abandonados a su suerte sin impulso político que mantenga una actividad que debiera ser enérgica, trepidante, estimulante e integradora para afrontar el reto de crear una nueva cultura de compra pública. Insisto que en su defecto el edificio amenaza ruina.

Ciertamente hay dos factores que condicionan fuertemente el escenario: por una parte, la corrupción en la contratación pública utilizada como medio de financiación del bipartidismo y también enriquecimiento personal y la crisis política institucional. Ambos factores provocan una fuerte parálisis. 

Cuando más se necesita la coordinación de las Administraciones Públicas los dirigentes elegidos por libre designación son vicarios de miedos a que se levante cualquier investigación. Al mismo tiempo la coyuntura política impide la unión y favorece la disgregación entre las Administraciones Públicas.

Si no se aprueba un Plan estratégico de Contratación Pública que marque unos objetivos generales, si no se pone en funcionamiento el Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública y se dinamizan sus Secciones, si no se reorientan las Juntas Consultivas como órganos no solo consultivos a la espera que les pregunten sino también como órganos activos de orientación y articulación de las condiciones jurídicas y técnicas de las distintas áreas de compra pública, la contratación pública estratégica se irá amorteciendo transformándose progresivamente en un discurso vacío, en cláusulas de estilo y sustento de tertulianos. Si no abandonamos la visión jurídico-formal y afrontamos la compra pública como disciplina que exige pautas técnicas, modelos estandarizados, diálogo constante, error y acierto, estadística, retos y fracasos, empresarios y empleados públicos en un trabajo de confección de pautas y directrices segmentadas por área de compra la ruina es inminente.

No se trata de órganos consultivos sino de órganos activísimos en la dirección de la compra pública estratégica. Se constatan luminarias que reflexionan sobre aspectos concretos medioambientales, el ciclo de vida, la huella de carbono o la ética y la compra pública pero no es un cambio global de paisaje sino luces fugaces incapaces de iluminar el nuevo escenario.

No quiero entrar en la confusión de competencias en el diseño de la gobernanza en que ha incurrido la LCSP. No quiero saber de luchas cainitas entre órganos que invocan sus competencias. No se cómo conviven la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Solo ruego que se cumpla lo que prevé la LCSP. Ya cambiaremos el diseño más adelante.

La responsabilidad es política. Las consecuencias negativas las padecerán las Administraciones Públicas y, en última instancia, los ciudadanos.