Image
ObCP - Opinión
Vigencia de la modificación de los umbrales de regulación armonizada de contratación pública

La parte dispositiva del Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de la Comisión es la de modificar la Directiva 24/2014/UE (y las demás), la cual no entrará en vigor (en términos jurisprudenciales) hasta el 18 de abril.

15/02/2016

El pasado 24 de noviembre se dictó Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de la Comisión, por el que se modifica la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos, pero esto no supuso que hubiera que cambiar los umbrales de los contratos que se están licitando en la actualidad, ni siquiera los que se tramiten con posterioridad al 1 de enero de 2016.

Los Reglamentos de la Unión Europea son vinculantes, al igual que las Directivas (dentro de los límites jurisprudencialmente establecidos) y las Decisiones (que son vinculantes para aquellos a quienes se dirigen). Los Reglamentos son de directa aplicación conforme al art. 288 TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) que establece que: “El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”. Según la conocida sentencia Politi del STJCE 1, de 14 de diciembre de 1971 que se trata de un efecto directo completo.

Sin embargo, la vis vinculante de los reglamentos europeos no puede ser exorbitante de su propio contenido, motivo por el cual habrá que estar al literal normativo del propio acto legislativo o disposición.

La parte dispositiva del Reglamento en cuestión es la de modificar la Directiva 24/2014/UE (y las demás), la cual no entrará en vigor (en términos jurisprudenciales) hasta el 18.04.2016, por impositivo del art. 90.1 de la misma. Motivo por el cual la aplicación directa, aunque en su apartado de vigencia disponga que es el 1 de enero de 2016, no lo será, para aquellos Estados miembro que no hayan transpuesto aún las Directivas de contratación para el mes de abril de 2016, momento en el cual entrará en vigor la Directiva por aplicación subsidiaria como elemento armonizador del Derecho Europeo derivado y como castigo a los Estados miembro que se muestren renuentes a la aplicación de las instituciones europeas en ejercicio de sus potestades conferidas por el Derecho Originario plasmado en los tratados constitutivos de la organización supranacional europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece en su jurisprudencia que una Directiva tendrá un efecto directo si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas y cuando el país miembro no haya transpuesto la misma antes del plazo correspondiente (sentencia del 4 de diciembre de 1974, Van Duyn; siguiendo la estela de la pionera resolución jurisdiccional “Sentencia Van Gend en Loos” del 5 de febrero de 1963). Sin embargo, el efecto directo solo puede ser de carácter vertical: los países de la UE están obligados a aplicar las directivas, pero las directivas no pueden ser invocadas por un país de la UE contra un particular (sentencia del 5 de abril de 1979, Ratti).

Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe aplicar los nuevos umbrales hasta que entre en vigor la Directiva de contratación en su versión modificada, para el caso de España, Estado miembro eterno candidato al premio a ser el mar ‘perezoso’ en trasponer las Directivas de contratación pública, será al límite del plazo concedido de dos años o posteriormente.

Conociéndose que existen Estados miembro que aún no han transpuesto las Directivas y en el ánimo de enmendar la extemporaneidad del legislador europeo que le ha llevado a publicar antes la modificación de los umbrales contractuales de una norma aún no en vigor en todos los Estados miembro que la de la Directiva que se encuentra en vigor en la actualidad, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea del 16.12.2016, sendos Reglamentos (2015/2340, 2015/2341 y 2015/2342 de la Comisión) con una nueva actualización de los umbrales con las mismas cuantías que las del Reglamento referido al principio, por medio de la modificación de las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2004/81/CE en el ánimo de que, éstas sí, estén en vigor en toda la Unión Europea el próximo 1 de enero de 2016 (conforme al art. 2 de los Reglamentos).

En este estado de cosas, a falta de publicación de la Orden Ministerial que transponga la Directiva, no se podrán tener en cuenta los nuevos umbrales de las Directivas en los procedimientos de contratación. Sin embargo, debido a que la aplicabilidad de las Directivas comunitarias no son un mandato de los tratados constitutivos del Derecho Originario de la Unión sino una construcción jurisprudencial, tal y como se ha explicado al principio, la aplicabilidad de las mismas también lo será por la vía judicial, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ostenta un estatus equiparable a nuestro Tribunal Constitucional. De tal suerte que sólo en el caso de que la no aplicación de los umbrales suponga la violación de un interés particular se podrá acudir a los tribunales ordinarios, lo cuales, bien previa paralización del proceso judicial para acudir en consultas a Luxemburgo o de manera directa, aplique el contenido de la Directiva en cuestión; a saber: desde el 01.01.2016 hasta el 17.04.2016 será la Directiva 2004/18/CE (y compañeras) y a partir del 18.04.2016, la Directiva 2014/24/UE (y Cía.). Ambas con las cuantías actualizadas con los recientes Reglamentos europeos.

Sin embargo, los órganos gestores de la contratación pública no podrán tener en consideración tales umbrales en la tramitación de sus expedientes, pues al no estar incorporados a derecho español no constituye régimen jurídico de la misma.

Aquí estriba la importancia de las trasposiciones de las Directivas de contratación pública lo antes posible, y en este concreto asunto de los umbrales resulta de capital importancia el esfuerzo de promulgar la Orden Ministerial que actualice los umbrales contenidos en la actual norma en vigor, a saber, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Nota aclaratoria:

«El presente artículo se redactó con anterioridad a publicarse la ORDEN HAP/2846/2015 (ver párrafo 7º del artículo).

Así, publicada la referida Orden Ministerial, las cuantías serán las expresadas en la misma, que trasponen la Directiva de 2004, en su redacción dada por los Reglamentos 2015/2340, 2015/2341 y 2015/2342 de la Comisión.

1. Respecto del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

a) La cifra de 5.186.000 euros por la de 5.225.000 euros, en los artículos 14.1; 17.1.a); 24.1, 141.1.a) y 274.2.

b) La cifra de 207.000 euros por la de 209.000 euros, en los artículos 15.1.b); 16.1.b); 17.1.b); 21.1; 37.1; 40.1.b); 137.1 y 154.3.

c) La cifra de 134.000 euros por la de 135.000 euros en los artículos 15.1.a) y 16.1.a).

2. Respecto de la Ley 31/2007:

a) La cifra de 5.186.000 euros por la de 5.225.000 euros en el artículo 16, letra b).

b) La cifra de 414.000 euros por la de 418.000 euros, en los artículos 16.a) y 95.1 y 2.

3. Respecto de la Ley 24/2011:

a) La cifra de 414.000 euros por la de 418.000 euros, en el artículo 5, letra a).

b) La cifra de 5.186.000 euros por la de 5.225.000 euros en el artículo 5, letra b).

Es decir, a partir del 1 de enero de 2016, las cantidades a tener en cuenta son las actualizadas, pero no por la modificación de las Directivas 2014, sino por la incorporación al derecho nacional de la modificación de las Directivas de 2004.»

====

1 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, posteriormente pasó a denominarse Tribunal de Justicia de la Unión Europea (con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009).

Colaborador